El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el departamento que bordea todo Bogotá, ordenó hoy al presidente de Colombia Iván Duque dar explicaciones por el decreto, que habilitó la militarización de ocho8 de los 32 distritos del país y de varias ciudades.

Además, este tribunal solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo que entreguen las investigaciones que realizaron para esclarecer los daños y los abusos cometidos por los miembros de la fuerzas de seguridad en la represión de la ola nacional de protestas que mantiene en vilo al país entero hace más de un mes.

Según informó el diario El Espectador, la procuradora Margarita Cabello, al fiscal Francisco Barbosa y al defensor Carlos Camargo deberán «remitir un informe breve y detallado de las actuaciones que hayan adelantado o que adelanten, en ejercicio de sus facultades, acerca de las denuncias, quejas y demás situaciones particulares que se hayan suscitado en torno a las diferentes jornadas de protesta presentadas en el país a partir del 28 de abril hasta la fecha», el cual incluye los homicidios, vandalismo, entre otros hechos violentos.

La orden del Tribunal también fue dirigida a la Policía, quien deberá informar sobre su accionar en relación a las manifestaciones, y al Alto Comisionado para la Paz para que dé cuenta sobre las negociaciones que se han hecho con el Comité Nacional del Paro, la plataforma de organizaciones sociales y sindicatos que convocó inicialmente las protestas y que ahora diálogo con el Gobierno en busca de una solución a la crisis.

Todas las instituciones mencionadas tendrán ocho horas para entregar la información al tribunal departamental, quien accionó hoy a partir de una denuncia de desacato de una sentencia de tutela dictada por la Justicia para proteger a los manifestantes y su derecho constitucional a protestar.

Esta iniciativa se conoce un día después de que el senador opositor por el Polo Democrático Iván Cepeda presentara otro recurso de tutela contra Duque, esta vez ante el Consejo de Estado por considerar «abiertamente inconstitucional» el decreto que dispone la llamada “asistencia militar” en varias regiones por las protestas antigubernamentales, una medida que, según el legislador, atribuye funciones al Ejército que “exceden sus competencias».

La figura de la tutela está en el artículo 86 de la Constitución de Colombia, como mecanismo para garantizar que se respeten los derechos de la ciudadanía y busca que el tutelado, en este caso Duque, «se abstenga de actuar».

El Consejo de Estado es el tribunal supremo en el ámbito contencioso administrativo y le toca actuar ante las acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra los decretos dictados por el Gobierno nacional.

Cepeda advirtió que el decreto de Duque «en la práctica genera un estado de conmoción interior, en el que se suspende de manera permanente normas constitucionales, sustituye la potestad sancionadora del Estado y le atribuye a la Fuerza Pública funciones que exceden su competencia».

«Eso significa que en Colombia se crea la posibilidad de que las autoridades militares y la Policía administren con las autoridades civiles cuestiones de orden público, escenario proclive a que ocurran graves violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido hasta hoy», cuestionó el senador en un comunicado.

Según Cepeda, el decreto, del que pidió suspensión inmediata, impide que el Congreso y el Tribunal Constitucional ejerzan sus funciones de control.

La virtual militarización de las calles y los abusos y la violencia policial fue ampliamente criticada y denunciada tanto dentro y fuera del país, donde organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos.