La Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa María, provincia de Córdoba, a cargo de Juliana Compañys, lleva adelante desde esta mañana un operativo para allanar la sede local de la empresa Generación Zoe en esa ciudad, sospechada de regentear un esquema Ponzi con su líder, Leonardo Cositorto. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el procedimiento se ordenó luego de tres denuncias por supuestas estafas hechas ayer por la tarde. En Villa María, por ejemplo, funciona el equipo de fútbol de la firma.

De acuerdo con fuentes del caso, el local de la polémica compañía amaneció cerrado este jueves con un insólito cartel colgado en la puerta en donde se ofrecía un número de contacto, con el local cerrado. La increíble situación causó una gran incertidumbre en torno a la situación y llevó a las supuestas víctimas a acudir a la Justicia: el allanamiento comenzó a mediados de la mañana del viernes y se aguardan sus resultados. Otros tres domicilios también son allanados.

Poco después, se confirmó que se libraron cinco órdenes de detención “para directivos vinculados a las denuncias contra Zoe en Villa María”.

El frente del local también muestra la dirección de la oficina central de Zoe en Buenos Aires, sobre la calle Crisólogo Larralde, el domicilio fiscal de Cositorto según datos de la AFIP. En Villa María, según medios locales como Villa María Ya, Zoe ya registró quejas de usuarios, con largas colas frente a las oficinas en las últimas semanas para cobrar el dinero de los insólitos retornos prometidos por la empresa.

Así, comienza el escenario más temido para Cositorto: ser acusado de estafa, algo que había evitado en las últimas semanas mientras comenzaba la debacle de su conglomerado de firmas, que incluye empresas en los papeles dedicadas a los servicios de coaching, hamburgueserías y pizzerías.

Hoy, enfrenta acusaciones en Paraguay y una causa comienza a formarse en su contra en la Justicia federal a cargo del Juzgado N°4 de Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano, con tareas preliminares a cargo de la Policía Federal y la PROCELAC. El foco de la sospecha no está solo en sus actividades en Argentina, sino también en su penetración internacional en países como Bolivia y Paraguay. También tiene advertencias en su contra de la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia.