Entre el 10 y 12 de mayo se harán las jornadas que determinarán alzas adicionales al 20% que rige desde marzo en ambos servicios. Habrá segmentación y será “con el principio de gradualidad”.

La Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, convocó a las audiencias públicas para avanzar con los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas, que comenzarán a regir el 1 de junio. El Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reducción de los subsidios a la energía con subas segmentadas de acuerdo al tipo de usuario.

La convocatoria a las audiencias públicas, que se realizarán entre el 10 y el 12 de mayo, es una condición indispensable para aplicar nuevas alzas que, según el entendimiento, harán que el 10% de los usuarios residenciales con mayores ingresos deje de recibir subsidios, por lo que sus facturas se incrementarán por encima del 100%. El resto tendrá alzas atadas a la evolución de los salarios y se estima que serán de 42% este año (entre lo ya aumentado y lo que vendrá desde junio).

El llamado tendrían que haberlo realizado los entes reguladores (ENRE y ENARGAS), que están en manos de funcionarios que responden al kirchnerismo duro y que ya puso de manifiesto su rechazo al acuerdo con el FMI y a un aumento extra en las tarifas.

Ante la falta de iniciativa de los institutos autárquicos, la secretaría de Energía activó la convocatoria. Las resoluciones ya están redactadas, aunque todavía no salieron en el Boletín Oficial.

“De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno Nacional en el programa económico que apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, dijo la Secretaría de Energía a través de un comunicado, donde destacó que el aumento se hará bajo el “principio de gradualidad”.

Cuánto subirán las tarifas, según la secretaría de Energía

La intención oficial es que los incrementos se apliquen a partir de junio a partir de un esquema de segmentación que contemplará la variación de los salarios. “Para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%”, anticipó la secretaría de Energía.

En el caso de las tarifas de gas, indicaron que la “corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones”.

El criterio que propone el Gobierno es que el incremento total en la factura para cada año calendario sea equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior.

Por último, el 10% de usuarios residenciales de gas y electricidad con mayor capacidad de pago de la sociedad dejará de recibir subsidios.

Qué pasará con los beneficiarios de la tarifa social

A través de un comunicado, la dependencia que conduce Darío Martínez recalcó que los beneficiarios de la tarifa social de gas “no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año”.

En cambio, aquellos usuarios de electricidad que residan en el AMBA y tengan este beneficio, sufrirán en lo que resta de 2022 un alza que no superará el 6% en promedio.

A partir de 2023, en tanto, la propuesta del Gobierno es que las tarifas sociales suban en una cifra equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial de este año.