La Unión Europea (UE) anunció hoy planes para una largamente reclamada reforma de su política migratoria que incluirá un nuevo mecanismo de asilo «humanitario y solidario», tras años de críticas agravadas por el incendio de un campamento de refugiados en una isla griega desbordada de migrantes y de cientos de muertes por año en el mar Mediterráneo.

«Salvar vidas en el mar no es opcional», señaló la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, al comunicar ante el Parlamento Europeo que la semana próxima informará los lineamientos de la reforma en un tema que genera divisiones internas en el bloque, sobre todo desde que en 2015 se agudizó la crisis de refugiados.

Concretamente, la iniciativa anulará el Convenio de Dublín firmado en 1990 y actualizado en 2013, que define los criterios para el tratamiento de las demandas de asilo en la UE, en particular el país donde se debe procesar cada solicitud.

Desde hace varios años aumentaron las críticas al mecanismo ya que se apoya en el principio del país de llegada: el Estado de entrada en el área de la UE siempre es responsable de los refugiados y solicitantes de asilo.

De esta forma, Italia pasó a ser el responsable de las personas que ingresaron a territorio europeo a través del Mediterráneo central, proveniente de África, mientras que Grecia de aquellos que cruzaban el Mediterráneo oriental desde Turquía, escapando principalmente de conflictos en Afganistán, Siria o Irán.

El incendio de la semana pasada del campamento de refugiados de Moria de la isla griega de Lesbos, que era el más grande Europa, con capacidad para 2.750 personas pero albergaba a más de 12.000, es «un doloroso recuerdo de la necesidad de unirnos», dijo Von der Leyen al argumentar la necesidad de.un cambio.

«Aquellos países que están más expuestos que otros deben poder contar con la solidaridad de toda la UE», añadió y recalcó que la reforma plantea «un enfoque humanitario» de la migración.

La presidenta del Ejecutivo de la UE adelantó además como lineamientos que la iniciativa «hará una clara distinción entre los que tienen derecho a quedarse y los que no» y planteará medidas para «luchar contra los contrabandistas» que hacen dinero a través del tráfico de personas.

«Nos aseguraremos de que las personas que tienen derecho a quedarse estén integradas y sean bien recibidas», añadió.

La crisis de refugiados tocó su punto máximo en 2015 cuando, solamente en sus primeros tres meses, unas 185.000 personas solicitaron asilo en la UE, 86% más que el primer trimestre del año pasado, según cifras oficiales de Eurostat.

Los países principales de entrada, Italia, Grecia y Hungría, debían registrar y procesar las peticiones de asilo, lo que en muchos casos no ocurrió, mientras que los migrantes se amontonaron en las calles, estaciones de tren y campos improvisados exigiendo la apertura de fronteras para continuar su paso hacia el centro y el norte de Europa.

La situación exacerbó los nacionalismos, como el del Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orban, que construyó una valla fronteriza con Serbia para impedir el paso del flujo migratorio.

Por su parte, la CE estableció un cupo de refugiados que debían recibir los países del bloque en los próximos dos años, lo que fue ampliamente incumplido.

El panorama en el Mediterráneo no fue mejor: en 2015 más de 1 millón de personas llegaron a Europa por esa vía desde el norte de África y casi 3.800 murieron durante el trayecto, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde ese momento otros 870.000 migrantes cruzaron el mar (48.000 este año) y cerca de 12.400 perdieron la vida (495 en 2020).

El incendio de Moria la semana pasada renovó críticas a la UE por su fracaso a la hora de manejar de una manera humana el flujo de inmigrantes que recibe.

Seis jóvenes afganos, entre ellos dos menores, fueron imputados hoy como sospechosos de estar relacionados con el siniestro que devastó el campamento.

Las autoridades griegas afirmaron desde un principio que el incendio en Moria fue provocado por los mismos solicitantes de asilo, que veían en ello una oportunidad de salir de una isla en la que no quieren estar y ser llevados a Grecia continental.

«¡Estamos en el siglo XXI! Los supermercados está cerrados, no hay baños… No somos animales. ¿Cómo vamos a vivir aquí?», dijo hoy Ange, un ingeniero mecánico de 23 años oriundo de la República Democrática del Congo, a la agencia de noticias AFP.

El joven es uno de los tantos migrantes que sobreviven al costado de una ruta de Lesbos, sin baños ni agua y apenas con algunas distribuciones de comida y una clínica provisional instalada por la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).

Las autoridades griegas habilitaron otro campo provisional, que tendrá capacidad para 9.000 personas pero en él solo hay por ahora 1.200 y ya se registraron 35 casos de coronavirus entre ellos.