La jura de los nuevos diputados nacionales se vio interrumpida por el clamor desde la calle de los pueblos originarios, acompañados por miles de personas de los movimientos populares, que reclaman por la prórroga de la Ley 26.160 que obliga a efectivizar la demarcación de los territorios que ocupan ancestralmente para luego poder obtener la llamada “Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra”.

Miles de personas concentraron este martes 7 de diciembre en av. de Mayo y av. 9 de Julio para movilizarse hasta el Congreso Nacional, al que rodearon en su marcha, para hacerse escuchar. En el reclamo acompañaron mayoritariamente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con su secretario general a la cabeza, Esteban “Gringo” Castro, quien era secundado por el secretario general del Sindicato de Ladrilleros, Luis Cáceres.

El proyecto de extensión de la ley cuenta con media sanción del Senado y resta que Diputados llame a una sesión para su tratamiento. Ante la inminencia de la caída de esta Ley, que vencía el pasado 23 de noviembre, el 18 de ese mes el presidente Alberto Fernández emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) prorrogando los efectos de la ley 26160 hasta el 23 de noviembre de 2025.

Pero los pueblos indígenas insisten en que un DNU no proporciona la misma seguridad jurídica que una ley, y reclaman que el Congreso nacional apruebe el proyecto de ley de prórroga, ya que no se logra el relevamiento final para estos pueblos prexistente a la creación del Estado argentino.

El clamor de los originarios, en total unas 40 comunidades, lleva meses en el Congreso, ya que desde el 26 de octubre acamparon en la verada de la Plaza frente al parlamento nacional.

“Nuestras culturas son milenarias y protegen los territorios que es la salud de todos los argentinos y la humanidad ante el avance del extractivismo. Nuestros reclamos es el cuidado de toda la naturaleza, porque defendemos la vida, que es para todos no sólo para los indígenas. Estamos de pie no sólo acá, en todo el país, con corte de rutas y marchas ante distintos organismos estatales, porque esto es aún una deuda de la democracia, por eso nuestro llamado a los diputados, así podremos vivir en paz en nuestras tierras sin violencia, por eso este llamado a la responsabilidad política para la sanción de la ley para la propiedad comunitaria que plantea la Constitución hace más de 25 años, que es una reparación histórica a nuestros pueblos. Tampoco nos olvidamos de los crímenes impunes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y recientemente Elías Garay”, aseveró Luis Pilquiman, del parlamento mapuche de Río Negro y de la organización MATRIA (Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina).