El ajuste tarifario se corresponde con la propuesta presentada por la empresa en la audiencia pública del 19 de mayo, en la que su presidenta, Malena Galmarini, había manifestado que la suba planteada era «simbólica», debido a que los niveles tarifarios vigentes «resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico-financiero en el marco regulatorio», y que esa situación no se podría subsanar con un 32% adicional.
«Los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios», aseguró por entonces Galmarini, en tanto en los considerandos de la resolución se recuerda que con ese aumento «generará en el presupuesto de AySA un incremento proyectado de 9 por ciento».
Por tal razón, la compañía recaudará «sólo 3.300 millones más, por lo que con este aumento tarifario, el Estado Nacional deberá seguir aportando para la operación de la empresa», planteó la norma.
Como ejemplo, Galmarini comparó que «comprar 18 litros de agua mineralizada equivale a 24.000 litros de agua suministrada» por la empresa.
A partir del 1º de julio, el «Coeficiente de Modificación K» definido en el Marco Regulatorio pasará a ser de los 37,2918 vigente a 44,7502, lo que representa un ajuste del 20% sobre el valor anterior, en tanto desde el 1° de octubre será de 49,2252.
