El actual subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego fue procesado hoy, aunque si prisión preventiva, acusado de integrar una banda dedicada al narcotráfico, a cuyos integrantes se sospecha que les facilitaba permisos de circulación durante la cuarentena del coronavirus y les ofrecía transportar droga en un vehículo oficial, informaron fuentes judiciales.

El procesamiento fue dictado por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto, quien consideró al funcionario provincial Gustavo Gabriel Caro como «partícipe necesario» del delito de “transporte de sustancias estupefacientes con fines de comercialización”, y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos.

El funcionario, quien fue licenciado por el Gobierno provincial pero no fue dado de baja de su cargo, también fue acusado por haber entregado permisos de circulación para ser usado durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

La resolución, a la que tuvo acceso Télam, dispone que el subsecretario continúe en libertad mientras se desarrolla el proceso, aunque establece un embargo de cinco millones de pesos.

Borruto investiga el accionar de una banda dedicada al narcotráfico en la provincia, a partir del hallazgo de 27 kilos de marihuana durante varios operativos realizados entre el 15 y el 19 de junio.

Según las fuentes, distintas escuchas telefónicas y tareas de inteligencia policial derivaron en la vinculación fluida de Caro, de 39 años, con miembros de la banda.

“Se pudo determinar la participación de Gustavo Caro dentro de la presente organización, donde facilitó un certificado en favor de uno de los principales imputados, y además habría facilitado el traslado de sustancia estupefaciente en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio derivado de la pandemia del Covid-19”, escribió la jueza en el auto de procesamiento.

Según la magistrada, Caro fue el responsable de “otorgarle un certificado de excepción apócrifo rubricado por Alejandro Barría, subsecretario de Infraestructura del Ministerio de Salud de la provincia, a Agustín Anchordoqui”, uno de los imputados y detenidos por su participación en el caso.

El permiso le permitió a Anchordoqui circular libremente por las calles de las ciudades de Río Grande y de Tolhuin durante la cuarentena.

Además, la jueza valoró que el funcionario le ofreció a Anchordoqui “transportar la sustancia ilegal en una camioneta del Estado provincial”.

De una intervención telefónica, incluso, se desprende que el subsecretario le pidió a otro miembro de la banda “un par de Cds” (como se le dice en la jerga criminal al fraccionamiento de 25 gramos de marihuana) para llevar a Tolhuin, y que pasó a buscarlos por una vivienda de Río Grande.

“Caro prestó ayuda a la organización y recibió prima facie sustancia estupefaciente en condición de retribución o pago. Sus contribuciones a la banda fueron determinantes, específicas y decisivas para que los demás miembros cumplan su fin delictivo. Prestó una colaboración con características particulares o esenciales”, afirma la resolución de la jueza Borruto.

No obstante, el fallo entiende que “no existen circunstancias fundadas, que permitan suponer que el imputado intente evitar el procedimiento al cual se encuentra sometido, o entorpecer la investigación”, por lo que se dispone que continúe en libertad.

Hasta el momento, Borruto dictó el procesamiento con prisión preventiva de tres imputados, identificados como Carlos Mario Bennati, Agustín Anchordoqui y Gastón Vicente Denis Almada; y el procesamiento sin prisión preventiva de Juan Ariel Duarte, Luis Eduardo Alcoba y Gustavo Anchordoqui.

Caro había sido indagado el pasado miércoles 15, cuando se presentó a declarar y negó los cargos, defendido por el abogado Francisco Ibarra, el mismo que también representa al gobernador Gustavo Melella en la causa donde dos obreros de la construcción lo acusan de presunto “abuso sexual coactivo”.