El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy sin prisión preventiva y embargó por 500 millones de pesos por presunta «administración fraudulenta» al exministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

La resolución se firmó poco antes del inicio de la declaración indagatoria al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien se presentó al trámite a través de la plataforma remota Zoom, se negó a responder preguntas y entregó un escrito, informaron a Télam fuentes judiciales.

Además, la Cámara Federal porteña confirmó a Canicoba Corral al frente del caso, al rechazar recusaciones por parte de otros dos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri ya procesados en la pesquisa, el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Canicoba Corral firmó el procesamiento a Dietrich tres días antes de cesar en su cargo, ya que presentó la renuncia con fecha 29 de julio, el miércoles próximo, día en que cumplirá 75 años y dejará la titularidad del juzgado federal 6 para jubilarse.

El juzgado quedará a cargo desde el jueves del juez federal Julián Ercolini, sorteado para ocuparse de la subrogancia por al menos un año.

Al procesar a Dietrich, Canicoba Corral sostuvo que «el encausado cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado», según la resolución a la que accedió Télam.

Dietrich fue indagado el viernes último, entregó un escrito y no respondió preguntas, luego de lo que quedó ahora procesado como coautor de supuesta «administración fraudulenta».

Según dio por probado el juez, tanto Dietrich como otros dos exfuncionarios ya procesados con anterioridad, el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, habrían actuado «direccionando toda negociación y contratación».

Canicoba sostuvo que «los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo».

De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.

Dietrich, «quien al momento de los hechos se desempañaba como ministro de Transporte de la Nación, y que fue quien aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual del Acceso Norte y Acceso Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos», agregó.

En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos, en el marco del cual los exfuncionarios «tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública».

Canicoba remarcó que debe hacerse la «salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación».

La firma de los acuerdos «permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una

concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma», concluyó el juez.

Además se reconocieron a las empresas sumas multimillonarias por inversiones, en un «complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un acuerdo de renegociación que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana SA» en la cual el entonces presidente Mauricio Macri «y su familia tenían acciones».

Tras firmar el procesamiento a Dietrich, el magistrado tomó declaración indagatoria al exministro de Hacienda del macrismo, Nicolás Dujovne, quien se negó a responder preguntas y entregó un escrito.

La situación procesal del exministro de Hacienda se resolverá en los próximos días.

Paralelamente, el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun rechazó apartar del caso al magistrado, como habían pedido las defensas de Iguacel y Saravia Frías, al cuestionar sus declaraciones periodísticas tras presentar la renuncia al cargo y por supuesto temor de parcialidad.

«Cualquier consideración sobre la naturaleza política de los comentarios que realizó el magistrado al presentar su renuncia -y declarar públicamente sobre ello-, es ajena a este ámbito judicial y a la discusión que debo definir», analizó Irurzun.

Agregó que «aquí lo relevante pasa por determinar si en línea con la crítica que se esgrimió, de aquellas manifestaciones surgen extremos que lleven a sostener justificadamente animosidad contra los imputados o un temor de parcialidad sobre su actuación en este caso concreto», dijo y concluyó que «la respuesta es negativa».

Al presentar su renuncia, Canicoba aludió al «hostigamiento» que sufrió en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.