Hace dieciseis años que me dedico a dar clases en colegios públicos y privados. He tenido generalmente una actitud bastante tolerante y comprensiva hacia aquellos chicos que incorporados al sistema secundario educativo de forma obligatoria a partir de la última reforma sancionada en el año 2006 (Ley Nacional de Educación 26.206) no han podido adaptarse al encuadre necesario para poder dar clases dentro de un marco pedagógico y de aprendizaje positivo.

Esta semana me he visto involucrada en tres hechos que han llamándome a la reflexión:
El primero haber sido amenazada dentro de un curso con dos tiros en la cabeza por un adolescente por haberle puesto una ficha de disciplina por escupir adentro del aula, habiéndole dado permiso para ir al baño.

El segundo haber presenciado la violencia ejercida sobre la puerta de ingreso del colegio por un adolescente que se escondió en el turno noche y al intentar salir del establecimiento, rompió los vidrios de la misma, terminando con los bomberos y la policía nuevamente en el establecimiento.

El tercero y último de la semana, intentar ingresar a un curso donde uno de los alumnos que presenta un cuadro psiquiátrico agudo, me lo impide y a los gritos solicita a la profesora saliente, que intentaba retirarse del curso, que se me echara a patadas, para zafar del tener clases de matemática.

Cómo verán dar clases hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es fácil. Miles de casos similares de docentes presentes y que intentan hacer su trabajo con compromiso y dedicación se ven sometidos a este tipo de maltratos por parte del alumnado y/o sus respectivos padres.

Me imagino que la situación debe ser tan o más grave en la Provincia de Buenos Aires.

Por suerte las autoridades y el Consejo Consultivo del Colegio donde dicto clases respaldan al cuerpo docente cuando la situación así lo amerita pero me pregunto qué es lo que sucede en todos aquellos casos en que los docentes por temor o por ignorancia toleran este tipo de atropellos a su persona.

En sala de profesores, dejando nuestra ideología de lado, hablamos sobre la situación de emergencia que está atravesando nuestros jóvenes y entendemos que debemos volver a revisar la última ley nacional educativa sancionada. No podemos obligar a un adolescente a estudiar si no quiere y mucho menos a quitarle el derecho a aquellos que si quieren estudiar de ser sometidos al atropello de jóvenes que no ven en en la escuela secundaria una opción para su construcción personal.

El Estado no puede garantizar a cada individuo que reciba la educación que merece si éste así no lo quiere.

La voluntad del individuo prima siempre, aún en contra de su propio bien.

Prof. María Novakosky
Pte. Movimiento Liberal Argentino.