José Luis Espert aprovechó la plataforma electoral de Avanza Libertad para dar precisiones sobre cuáles son sus planes de cara a las próximas elecciones, uno de los capítulos del documento que contiene las propuestas apunta directamente a la necesidad de realizar una reforma laboral y a limitar el derecho a huelga.
Propone:
- Limitar el derecho de huelga en cualquier actividad, previendo etapas previas de conciliación entre las partes. La ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales que violen las instancias legales con huelgas salvajes y otros medios extorsivos. En cualquier caso, los días de huelga no serán pagos.
- Limitar a un mínimo excepcional la legalidad de las huelgas generales, que siempre tienen una motivación política. Las condiciones para la legalidad de las huelgas generales serán explicitadas taxativamente y la ley preverá condena de multa, inhabilitación y prisión para los dirigentes sindicales que convoquen al desacato impulsando movimientos de fuerza fuera de la ley. Aun cuando las huelgas cumplan con los requisitos legales, los días de huelga general no serán pagos.
- Los empleados estatales y de servicios esenciales privatizados no tendrán derecho a la huelga y la ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales estatales que violen las instancias legales con huelgas salvajes.
En ese marco, Espert aborda los alcances del derecho a huelga y propone eliminar “la capacidad de extorsión del aparato sindical a través” de los paros generales y la ocupación de espacios públicos. “Esta anomalía también se aplica al comportamiento de los representantes de los trabajadores informales y los desempleados”, agrega en alusión a marchas de piqueteros y de otros grupos que suelen interrumpir el tránsito para solicitar planes sociales y empleo.
Puntualmente, el candidato a diputado nacional pide “limitar el derecho a huelga” en cualquier actividad productiva. Para ello propone que se establezcan mecanismos de conciliación entre las partes que eviten el conflicto. La nueva ley, explica, contemplará multas y la inhabilitación de los dirigentes sindicales que violen estas instancias de diálogo a través de huelgas u otros “medios de extorsión”.
