“Tenemos una decisión tomada, cortar los vínculos con el delito. Eso antes no pasaba. Es un cambio profundo que en lo diario todavía no tiene la dimensión que deseamos. Es una bola de nieve que fue creciendo y tomamos la decisión de achicarla. Eso no tiene marcha atrás”. Con esas palabras, el gobernador Omar Perotti salió a enfrentar el día después de una seguidilla de crímenes que golpeó a Rosario, incluido el asesinato de un testigo custodiado que declaró en contra de un jefe narco.

El intendente Pablo Javkin convocó de urgencia al primer piso de la Municipalidad a todos los jefes de bloque del Concejo, lo que no es poco porque hay 15 bancadas en representación de los 28 concejales rosarinos.

El otro encuentro lo impulsó el gobernador Perotti en la delegación que el gobierno provincial tiene en Rosario. Participaron por el gobierno nacional el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales; los jefes de las fuerzas federales y de los grupos Alacrán y Albatros, la plana mayor de la policía santafesina y el equipo de seguridad de la provincia.

Ambas reuniones se hicieron por separado y casi al mismo tiempo, aunque la del gobernador fue la única que tuvo resultados concretos: el anuncio de que llegarán, “escalonados”, otros 160 efectivos federales para descomprimir a la policía provincial, sobre todo de la custodia de lo que denominan “puntos objetivos”, los edificios judiciales y las personas que requieren custodia.

Actualmente en Rosario hay 300 efectivos federales apoyando las tareas de seguridad y vigilancia. Ahora se anunció que se sumarán en etapas 100 de la Policía Federal y 60 de grupos de elite de Prefectura y Gendarmería nacional. Con lo que queda claro que no es un refuerzo suficiente y que para la oposición fue considerado “una burla”.