El Tribunal Supremo de Rusia dictaminó que los activistas LGBT serán reconocidos como una «organización extremista». Qué significa y cuáles son las consecuencias de esta decisión.

El Tribunal Supremo de Rusia dictaminó que los activistas LGBT serán reconocidos como una «organización extremista». La medida es parte de un patrón de crecientes restricciones en Rusia a las expresiones de orientación sexual e identidad de género, incluidas leyes que prohíben la promoción de relaciones sexuales «no tradicionales» y prohíben los cambios de género legales o médicos.

Según informó Reuters, el Tribunal Supremo tardó unas cinco horas en emitir su fallo, tras abrir su sesión a las 10.00 horas, y el proceso estuvo cerrado a los medios de comunicación, pero se permitió la entrada a los periodistas para escuchar la decisión. «Calificar al movimiento civil internacional LGBT como organización extremista y prohibir sus operaciones en territorio ruso», dijo el juez Oleg Nefyodov, según comunicó la agencia Interfax.

El fallo tiene efecto inmediato, pero aún puede ser impugnado ante un tribunal de apelación en el plazo de un mes. En el mismo, la corte declaró que el “movimiento” era extremista y lo proscribió en Rusia, lo que significa una medida que los representantes de los homosexuales y transgénero temen que conduzca a arrestos y procesamientos a la hora de realizar actividades, actos o movilizaciones en favor de sus derechos.

El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas antes de que se anunciara la decisión judicial que el Kremlin «no estaba siguiendo» el caso y no tenía comentarios al respecto, según Reuters.

 

Qué significa que una organización sea extremista en Rusia
Según alertaron desde Amnistía Internacional, el reconocer una organización como “extremista” tiene «graves consecuencias legales para todas las personas implicadas en sus actividades». «La persona responsable de esa organización puede enfrentarse a hasta 10 años de prisión en virtud del artículo 282.2 del Código Penal. En virtud de ese mismo artículo, las personas que participan en las actividades de esas organizaciones se enfrentan a responsabilidad penal, y a penas de entre dos y seis años de prisión», informó la organización.

Asimismo, indicaron que pertenecer a la lista “extremista” «acarrearía la prohibición de los símbolos de la organización». «Toda persona que exhiba esos símbolos se arriesga a una detención administrativa de hasta 15 días en virtud del artículo 20.3 del Código de Infracciones Administrativas. Quienes se enfrentan a investigación o procesamiento por participar en actividades “extremistas” normalmente sufren el bloqueo de sus cuentas bancarias y se enfrentan a restricciones de empleo y de otros derechos; entre otras cosas, tienen prohibido durante varios periodos de tiempo presentarse a elecciones en todos los niveles», detallaron.