Hasta el 2019, unos 14 países de la región permitían el cambio de identidad sexual, mientras que solo 22 habían legalizado el cambio de nombre.
Hace 10 años Argentina sancionó la Ley de Identidad de Género, una medida pionera en América Latina porque contempló el derecho de las personas trans a ser inscriptas en su DNI de acuerdo con la identidad autopercibida y, si bien tuvo gran aceptación en la región, el resto del mundo aún presenta un panorama dispar al respecto.
Entre los países que permiten el cambio de marcador de género en los documentos, en algunos supone un simple trámite administrativo, pero otros tienen una legislación con exigencias restrictivas, como evidencias de cirugía de cambio de sexo o de esterilización, tratamientos hormonales y/o psicológicos, o requisitos económicos.
En América Latina, los primeros en sancionar una ley de identidad de género fueron Panamá, en 2006; Uruguay, en 2009; y Brasil, en 2010; pero la de Argentina, dos años más tarde, marcó un punto de inflexión por plantearse desde una perspectiva despatologizadora y sin exigir requisitos médicos.
Hasta el 2019, unos 14 países de la región permitían el cambio de identidad sexual, mientras que solo 22 habían legalizado el cambio de nombre.
En Panamá el cambio de marcador de género en el documento es legal, pero es necesario que un médico forense certifique que el sexo de la persona es el mismo que el que se corrige, es decir, que las personas trans solo pueden solicitar la modificación si se someten a una cirugía de reasignación de sexo.
En Uruguay, la Ley Integral para Personas Trans de 2019 eliminó los requisitos para el cambio de identidad de la ley de 2009, y lo habilita a través de un simple trámite administrativo; además, en los documentos no aparece explícitamente el sexo.
Algo similar ocurre en Costa Rica, que permite el cambio de identidad mediante un trámite gratuito y las cédulas no tienen referencia al sexo.
Brasil no tiene una ley específica sobre identidad de género, pero en base a una decisión de la Justicia en 2010 se introdujo el derecho a la cirugía de reasignación sexual gratuita para personas transexuales y desde 2018 se permite el cambio de nombre para mayores de 21, sin necesidad de haber pasado por una cirugía de reasignación de sexo.