Shakira admitió este lunes que defraudó al fisco español por 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 y evitó ir a juicio. La Justicia española aceptó rebajarle la pena y ahora la colombiana tiene que pagar una multa de 7,3 millones de euros. Respecto a la condena de cárcel, consiguió bajarla de 8 años y dos meses a tres años. Para evitar quedar tras las rejas, la cantante tiene que pagar un extra de 432.000 euros.

Ante la pregunta del presidente del tribunal respecto a si reconocía la culpabilidad de los hechos y aceptaba de las penas, Shakira respondió un breve y contundente «sí». Según el acuerdo firmado, la intérprete de «Waka Waka» debe pagar una suma equivalente al 50% del total del fraude, más el monto fijado para no ir a la cárcel.

En un comunicado enviado por sus representantes, Shakira precisó que decidió firmar el acuerdo para proteger su carrera y a sus hijos y, de esta manera, evitar «años» de proceso judicial. Anteriormente, se había negado a llegar a un acuerdo económico.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión«, lanzó Shakira en las primeras líneas el comunicado. 

Luego, precisó: «Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”.

De qué estaba acusada Shakira

Shakira fue acusada de defraudar al fisco español por 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 simulando que no residía en España. El Ministerio de Hacienda le reclamó esa suma a la cantante, al ver indicios de que en 2012 ya vivía en ese país y estaba obligada desde entonces a tributar. Algo que no ocurrió debido a que supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

Según los magistrados, la artista tenía conocimiento de las leyes locales, que establecen un máximo de 183 días de permanencia en el país para poder tributar en otra jurisdicción, cuando en verdad su domicilio permanente se encontraba en Barcelona.

El caso empezó en 2017, cuando los denominados «Paradise papers», una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que la colombiana vivía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.

Los abogados de la cantante intentaron establecer que Shakira residía en las islas Bahamas desde 2004, pero los años siguientes tuvo que viajar «sin parar» y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.