La asesora presidencial, Cecilia Nicolini, admitió la veracidad de una carta enviada a las autoridades rusas por la llegada tardía de los segundos componentes de Sputnik V.
La asesora mandó un mail el 7 de julio a Anatoly Braverman, hombre de confianza de Krill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF por sus siglas en inglés), encargado de gestionar la venta de vacunas a otros países.
El escrito plantea la preocupación de la Argentina por las demoras registradas en la entrega del componente 2 de la vacuna y ahonda en otras cuestiones que explican la preferencia geopolítica del gobierno de Alberto Fernández y el uso político que se pretendió darle a la campaña de inmunización.
Nicolini les recuerda a los rusos que el gobierno argentino hizo “todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito”, pero advierte: “Nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto”.
Esa frase es el corolario de un mail que contiene además una amenaza de “romper públicamente el contrato firmado” y un elemento de presión: “Acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen la pediatría, que es otra ventaja”.
Nicolini reconoce además que el presidente Fernández pidió un favor político: que las dosis elaboradas en la Argentina por el laboratorio Richmond fueran autorizadas antes del 9 de Julio para poder anunciar públicamente el “logro” durante el acto del Día de la Independencia. “Esperábamos tener todo listo para el 9, fue la única y más importante solicitud del presidente Fernández y nuevamente una decepción para él y para su país”, sentenció.
“Como mencioné hoy, nuevamente nos encontramos en una situación muy crítica. Esperábamos que después de la conversación que tuvimos contigo, Carla, Kirill y yo hace un par de semanas, las cosas fueran más sencillas. Pero incluso empeoraron. Seguimos esperando una cantidad mínima del componente 2 para completar los tratamientos al menos de las personas con más de 90 días de intervalo mínimo. Fuimos muy proactivos para encontrar una solución a las dificultades que tenía con esto, pero ni siquiera pudimos tener el mínimo.”, indicó la asesora en el escrito.