Carlos Stornelli promovió una investigación penal contra la Defensora del Público, Miriam Lewin, por la creación del observatorio Nodio, un organismo pensado para combatir las noticias falsas y la violencia simbólica. Fue a partir de la denuncia de un grupo de diputados macristas (entre ellos Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Graciela Ocaña) que consideran que Nodio es una «comisaría del pensamiento«.
En el texto de la denuncia, los legisladores le piden a la jueza María Capuchetti que investigue si hubo delito de «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público» por parte de Lewin. Y piden que se recopilen las resoluciones mediante las cuales fue creado Nodio, que se establezca quiénes son sus integrantes, si se asignaron partidas presupuestarias y si sus integrantes perciben retribución estatal.
Stornelli, en una resolución plagada de afirmaciones irracionales, le pidió además a la magistrada que dicte una “medida cautelar” para prohibirle a la funcionaria “la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte» de la Defensoría Público de Servicios de Comunicación Audiovisual «y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades” del observatorio y que pudieran provocar “posibles o mayores efectos dañinos sobre el bien jurídico protegido e implicar, por tanto, un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa, constitucionalmente consagrados”.
En simultáneo con la avanzada contra Lewin, se supo que los macristas Iglesias, Wolff, Enríquez y de Lamadrid también denunciaron a dos periodistas del portal El Destape, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, así como a su director, Roberto Navarro, por haber difundido parte de las actas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se filtraron desde la causa de Lomas de Zamora. Lo curioso es que Wolff preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Esos diputados habían presentado una denuncia la semana anterior acusando a los fiscales Cecilia Incardona, Santiago Eyherabide y al juez Juan Pablo Augé por la supuesta filtración de datos de Mauricio Macri que estaban guardados en el teléfono de su secretario Darío Nieto, imputado en la causa de espionaje.
Volviendo al texto de Stornelli contra Lewin, puede leerse: “Considera esta Fiscalía que se encuentra debidamente conformado el estado de sospecha” sobre Lewin para iniciar la investigación, extremo que llevará a solicitar su llamado a prestar declaración indagatoria”.
Pero además, el fiscal aludió en varias oportunidades a su propia presentación ante la justicia, de la que estuvo en rebeldía en varias ocasiones: “Señora Juez, una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ése? Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad”.
Lewin, por su parte, habló en el programa #Caimialaseis que se emite por AM750. Sostuvo que “nuestra labor en la defensoría está ligada a defender a las audiencias que acuden a nosotros. Para defenderlas y garantizar sus derechos teníamos que hacer algo con respecto a los discursos violentos y la desinformación que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación”.
Y explicó que en este observatorio no se recibirán denuncias ni reclamos, sino que se va a construir un centro de estudios del fenómeno de noticias falsas y analizar casos reales promovidos en las redes sociales que se reproducen en los medios. “En una reunión con la gente de Facebook nos contaron que el año pasado habían cerrado 6.500 cuentas que generaban discursos de odio. Muchas de esas cuentas donde circulaban mensajes violentos o falsos no pertenecían a personas reales”, contó la defensora del público.
“Nosotros no queremos censurar ni prohibir a nadie. La defensoría no tiene esa potestad. Lo que queremos es, en cooperación con las plataformas, universidades y organizaciones civiles, realizar acciones de concientización de esta problemática. Como lo indica Naciones Unidas, queremos realizar campañas de educación que promuevan la alfabetización mediática e informacional”.
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