Fue el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad Nº2 de la ciudad de Río Grande, a cargo de Marina Montero, quien dictó la medida a partir del planteo realizado por la madre de la niña.

La mujer argumentó que el Documento Nacional de Identidad de su hija, con el nombre de su expareja condenada por la Justicia penal en 2015, le genera a la niña “problemas psicológicos”.

“Ante cualquier trámite administrativo e incluso en trabajos prácticos de la escuela, queda expuesta a referirse a la situación del abuso”, explicó la madre.

La Justicia ya había ordenado la supresión del apellido del abusador en el DNI de la niña, pero debido al cambio de formato implementado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) el nombre del padre biológico seguía figurando en el dorso del documento.

Ante esta situación, la jueza Montero le ordenó al Registro la “supresión de los datos filiatorios paternos del dorso del DNI de la menor”.

“Con mucho esfuerzo y a fuerza de insistir, debo decir que he recibido la respuesta que esperaba de parte de la Justicia. Por suerte tuve el acompañamiento del Ministerio Pupilar, que acompañó también el derecho de mi hija”, expresó la madre de la niña.

La demandante también pidió que su caso “genere un precedente” y que “ninguna otra mamá o alguno de sus hijos pasen por una situación semejante”.