El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, aceptó hoy el pedido de prórroga para el desalojo de la toma de tierras de Guernica que había solicitado la provincia de Buenos Aires, pero sin definir una nueva fecha.
Tras una audiencia virtual realizada este mediodía, el magistrado dio curso a los pedidos de reprogramación del «lanzamiento» -que estaba previsto para mañana- realizados por el gobierno provincial y la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, y, por tercera vez, suspendió el desalojo.
Una vez más, la resolución judicial se contrapone a la voluntad del fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, y de los particulares damnificados, quienes solicitaron que mañana se proceda al desalojo, tal como estaba previsto.
Fuentes cercanas al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dijeron a LA NACION que, en la reunión, pidieron al juez que el desalojo se postergase para el 14 de octubre, ya que «la reubicación viene a buen ritmo, pero necesitan más tiempo».
Según un comunicado oficial publicado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el pedido de prórroga»se funda en dos hechos nuevos que tienen alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto: por un lado el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 hs y por otro lado el lanzamiento, en el día de ayer, del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires».
Reubicación de familias
Días atrás, el gobierno provincial -a través de un equipo interministerial- instaló oficinas móviles en el perímetro del predio y comenzó a gestionar acuerdos con las personas que participan de la toma, para negociar su retiro voluntario y evitar, así, un escenario de represión este jueves.
Hasta el momento, según confirmaron las fuentes del Ministerio, 294 de las 1900 familias suscribieron un acta de compromiso, en la que asumen la responsabilidad de «desocupar el predio» y «no vender, ceder ni transferir» su terreno. A cambio -según dice el acuerdo- el gobierno provincial les propondrá una «respuesta tendiente a facilitar una solución habitacional adecuada a sus necesidades» acorde a «los programas del Ministerio y de sus posibilidades presupuestarias».
El operativo gubernamental es llevado a cabo por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos y de las Mujeres. También participa el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
Fuente: La Nación
