Un joven falleció en Bogotá en medio de choques entre civiles y la policía durante una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Colombia, informaron hoy las autoridades colombianas.
Con este caso ya suman dos los muertos en dos días de sangrientas manifestaciones en la capital, uno de los principales focos de la ira popular que tomó las calles desde el 28 de abril en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque.
De acuerdo con el general Óscar Gómez, anoche los manifestantes atacaron con «violencia» una estación de transporte público en el noroeste de la ciudad y la fuerza antidisturbios intervino.
El joven tenía «una lesión en la cabeza al parecer con un elemento contundente, fue trasladado al hospital de Suba (barrio) y al parecer falleció en el recorrido», indicó Gómez en declaraciones a Blu Radio.
En un video que se transmitió en vivo a través de redes sociales se observan duros enfrentamientos. Quien graba muestra a la cámara un objeto ensangrentado que recoge del suelo y guarda en una bolsa. Los manifestantes aseguran que se trató de un gas lacrimógeno lanzado por el escuadrón antidisturbios.
Durante las protestas del lunes también un hombre de 32 años falleció en el sur de Bogotá al parecer por un objeto lanzado a corta distancia que lastimó su pecho.
Según autoridades civiles y la Defensoría del Pueblo, al menos 63 personas han muerto en más de dos meses de manifestaciones. Dos de las víctimas eran uniformados.
«Me duele en el alma otro joven fallecido», escribió en Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. «La Policía debe cumplir la constitución (…) Los jóvenes no pueden seguir siendo víctimas de abuso policial y carne de cañón de radicalismos políticos», agregó, citada por la agencia de noticias AFP.
La ONU, Estados Unidos y varias ONG internacionales han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de uniformados en las protestas.
Human Rights Watch asegura tener «evidencias creíbles» de que «la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales» y a otros tres «por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o (granadas) aturdidoras».
Lo que comenzó con una protesta contra una frustrada alza de impuestos en pleno pico de la pandemia devino en un movimiento popular que exige una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos del virus, que elevó la pobreza del 37% al 42% de la población.
Aunque el frente más visible de las movilizaciones suspendió las protestas hasta el 20 de julio, otros sectores inconformes mantienen activas marchas, concentraciones y bloqueos.
